Políticas para una economía más justa, democrática y sostenible

Son muchos los retos que enfrentamos en esta ‘Europa del Capital’, donde la vida se ha mercantilizado hasta tal punto que sólo las divisas, y no las personas, pueden moverse libremente, ajenas a fronteras. Del mismo modo que el capital está poniendo en jaque la vida, el creciente auge de la ultraderechas, ya no sólo en Europa sino cada día con más fuerza en el Estado español, está poniendo en riesgo los logros y derechos políticos, sociales, económicos y ambientales conseguidos durante décadas. Pero sobre todo, hemos de atender de manera urgente a la crisis ecosocial y a la emergencia climática en que nos encontramos, ante la cual es vital tomar medidas, como nos alerta la comunidad científica y nos demanda la ciudadanía que ha comenzado a movilizarse.

Ante todo ello, hemos de crear un nuevo modelo político, social y económico, que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad hacia modelos de desarrollo humano social y ambientalmente sostenible, y que se haga en el marco de un proceso donde las instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir, en pro de una mayor profundización democrática. Esto conlleva necesariamente priorizar política y presupuestariamente todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc., así como la conservación y promoción ambiental, por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.

La Economía Solidaria viene contribuyendo desde hace décadas a este cambio de modelo, a través de: la promoción de circuitos económicos alternativos; el emprendizaje social basado en el trabajo colectivo; el impulso de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes o el desarrollo de nuevas formas de intercambio (mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y cooperativo, etc). Estas iniciativas necesitan, no obstante, del apoyo institucional de medidas tales como la compra pública socialmente responsable y la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales, que favorezcan nuevas formas cooperativas de organización que rompen con la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que se basan en la democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial.

Las propuestas que planteamos son complementarias con las que vienen trabajando otros grupos y movimientos sociales en ámbitos tales como: el movimiento feminista y ecologista, las plataformas de defensa de los servicios públicos y las pensiones, las organizaciones de apoyo a migrantes… etc. Todas éstas nos muestran el camino para este cambio de modelo que debe ser producto de la participación ciudadana y de la defensa del derecho a decidir de los pueblos y de la ciudadanía.

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